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02-05-2016
Leioa rechaza la tortura y reivindica el derecho a ejercer la actividad política con libertad
El Pleno municipal, celebrado el pasado jueves 28 de abril, aprobó una Moción de urgencia presentada por el grupo municipal EH-Bildu Leioa, en el que se denuncia la persecución policial y la tortura ante el juicio que comenzará el 17 de mayo en la Audiencia Nacional contra la leioaztarra Erika Bilbao, además reivindica el derecho a ejercer la actividad política con libertad.
La moción fue aprobada por mayoría de quince votos a favor, emitidos por los ocho concejales de Euzko Abertzaleak, por los cuatro de Esnatu Leioa y por los tres de EH-Bildu Leioa, con los votos en contra emitidos por los tres ediles de Socialistas Vascos y por los dos concejales del Grupo Popular de Leioa.
MOCIÓN PRESENTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA ANTE EL JUICIO QUE COMENZARÁ EL 17 DE MAYO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Teniendo en cuenta que:
• Erika Bilbao Barcena (Bilbo, 1978), vecina de Leioa vecina de Erandio y activista social en Leioa, graduada en derecho y trabajando actualmente como abogada laboralista, fue detenida el 14 de septiembre del 2010, y torturada durante 5 días.
• Fue posteriormente encarcelada hasta el 25 de julio del 2012: Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real, 384 km) y Prisión Provincial de Avila (Brieva, 429 km).
• Ese alejamiento ha provocado injustamente un castigo añadido para su familia y sus amistades. Les ha supuesto, además del riesgo para su vida y su seguridad, un gran coste económico.
• Hoy en día se encuentra en situación de libertad condicional bajo el pago de una fianza de 9.000 euros, acudiendo todos los lunes a firmar, y bajo la prohibición de salir del Estado Español.
• Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 9 y 15 años, y todo ello pese a que a lo largo de todo el proceso judicial no se señala ni una sola acción violenta contra ninguna persona o propiedad.
• Para eso, bajo el lema de que “todo es ETA” la acusación se basa en 3 pilares: por una parte, celebración de reuniones políticas; por otra, documentación de carácter político (sobre diferentes dinámicas y actividades, en las que en ningún caso se planifican, ordenan ni justifican acciones violentas de ningún tipo); y por último, y más grave, las declaraciones arrancadas mediante prácticas no legales.
• Estas personas han sido objeto de un análisis basado en el protocolo de Estambul, de la mano de personas expertas, análisis del cual se ha concluido el alto nivel de credibilidad de todas las denuncias de tortura. Erika se encuentra en tratamiento psicológico como consecuencia de las torturas sufridas.
El pleno del Ayuntamiento de Leioa hace suya esta declaración:
1. Denuncia firmemente la persecución judicial a las personas por realizar actividad política en el contexto de una democracia representativa que se precie.
2. Rechaza la práctica de la tortura, y exige responsabilidades. Además, exige que se adopten medidas para que no vuelva a producirse ningún caso de tortura o vulneración de cualquier derecho fundamental, y pide también el reconocimiento político y la reparación del sufrimiento infligido para todas las víctimas.
3. Rechaza la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia machista, máxime proviniendo de funcionarios públicos.
4. Reivindica la legitimidad de la actividad y acción política.
5. Hacer público la decisión adoptada por medio de los mecanismo habituales del Ayuntamiento.
La moción fue aprobada por mayoría de quince votos a favor, emitidos por los ocho concejales de Euzko Abertzaleak, por los cuatro de Esnatu Leioa y por los tres de EH-Bildu Leioa, con los votos en contra emitidos por los tres ediles de Socialistas Vascos y por los dos concejales del Grupo Popular de Leioa.
MOCIÓN PRESENTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA ANTE EL JUICIO QUE COMENZARÁ EL 17 DE MAYO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Teniendo en cuenta que:
• Erika Bilbao Barcena (Bilbo, 1978), vecina de Leioa vecina de Erandio y activista social en Leioa, graduada en derecho y trabajando actualmente como abogada laboralista, fue detenida el 14 de septiembre del 2010, y torturada durante 5 días.
• Fue posteriormente encarcelada hasta el 25 de julio del 2012: Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real, 384 km) y Prisión Provincial de Avila (Brieva, 429 km).
• Ese alejamiento ha provocado injustamente un castigo añadido para su familia y sus amistades. Les ha supuesto, además del riesgo para su vida y su seguridad, un gran coste económico.
• Hoy en día se encuentra en situación de libertad condicional bajo el pago de una fianza de 9.000 euros, acudiendo todos los lunes a firmar, y bajo la prohibición de salir del Estado Español.
• Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 9 y 15 años, y todo ello pese a que a lo largo de todo el proceso judicial no se señala ni una sola acción violenta contra ninguna persona o propiedad.
• Para eso, bajo el lema de que “todo es ETA” la acusación se basa en 3 pilares: por una parte, celebración de reuniones políticas; por otra, documentación de carácter político (sobre diferentes dinámicas y actividades, en las que en ningún caso se planifican, ordenan ni justifican acciones violentas de ningún tipo); y por último, y más grave, las declaraciones arrancadas mediante prácticas no legales.
• Estas personas han sido objeto de un análisis basado en el protocolo de Estambul, de la mano de personas expertas, análisis del cual se ha concluido el alto nivel de credibilidad de todas las denuncias de tortura. Erika se encuentra en tratamiento psicológico como consecuencia de las torturas sufridas.
El pleno del Ayuntamiento de Leioa hace suya esta declaración:
1. Denuncia firmemente la persecución judicial a las personas por realizar actividad política en el contexto de una democracia representativa que se precie.
2. Rechaza la práctica de la tortura, y exige responsabilidades. Además, exige que se adopten medidas para que no vuelva a producirse ningún caso de tortura o vulneración de cualquier derecho fundamental, y pide también el reconocimiento político y la reparación del sufrimiento infligido para todas las víctimas.
3. Rechaza la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia machista, máxime proviniendo de funcionarios públicos.
4. Reivindica la legitimidad de la actividad y acción política.
5. Hacer público la decisión adoptada por medio de los mecanismo habituales del Ayuntamiento.
Documentos relacionados:
Certificado (pdf, 1446 kb)
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